La Defensoría General del Poder Judicial realizó ayer una nueva capacitación en derechos humanos y salud mental, para integrantes del Poder Ejecutivo provincial, incluidos los ministerios de Justicia, Desarrollo Social y Salud Pública, junto a las secretarías de Municipios y la de Derechos Humanos y Géneros.
Este tercer encuentro estuvo destinado a la región administrativa 9 y a integrantes del Ministerio Público de la Defensa, además de operadores del Poder Ejecutivo, jueces y juezas de Paz de la región e integrantes del Poder Judicial en general.
En la apertura de la actividad, Alicia Alcalá recordó que la iniciativa comenzó a gestarse en febrero en coordinación con la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, y que la propuesta fue pensada para las regiones administrativas de la provincia, con la intención de incluir a todos los municipios, juzgados de Paz, Policía y defensores del Poder Judicial «porque son quienes reciben en su labor diaria, casos de adultos o NNA que atraviesan problema de salud mental y en ellas se incluye el consumo de estupefacientes».
«Quisimos abordarlo de una forma general, intersectorial, intergubernamental, con todos los que de una u otra forma deberíamos intervenir en estos padecimientos mentales», precisó Alcalá.
La propuesta busca explicar cómo debería ser el sistema de protección para las personas con padecimientos mentales. «Antes de la sanción de estas leyes, en la primera intervención estaba el Poder Judicial, hoy tenemos que respetar el ensamblaje del sistema que primero impone al órgano administrativo, la intervención en primer grado, y luego, de no poder solucionarse con esas intervenciones, y de darse los supuestos que establece la ley de salud mental, recién interviene el Poder Judicial», precisó el funcionario judicial y agregó: «Saber quiénes son los que deben intervenir nos va a ayudar a todos en nuestro trabajo diario y principalmente a la persona que padece esos sufrimientos mentales, porque no tendrá que andar de un lado para otro sin saber quién lo debe atender».

ARTICULACIÓN CON LOS PODERES DEL ESTADO
En su intervención, Rodrigo Ocampo, secretario de Municipios, afirmó que «tanto el Ministerio Público de la Defensa como el CEJ son para los municipios una caja de herramientas».
Al respecto, precisó que «esto forma parte de una nueva visión en cuanto a la relación entre los diferentes poderes del Estado», y celebró «el cambio de paradigma respecto de estas relaciones». «Desde la Secretaría de Municipios promovemos la articulación entre las áreas del estado y las de los municipios con todos los poderes del Estado», añadió.
«Quizá alguna de las discusiones que se den acá, no sólo se promuevan estrategias de intervención para el Poder Ejecutivo sino herramientas de intervención intersectoriales, conjuntas», reflexionó.
Valoró además los aportes realizados, en esa labor conjunta, por la defensora general. «Hemos tomado una demanda de acceso a agua potable para familias gracias a (el aporte) que trajo Alicia (Alcalá). Por ello, si construimos, entre todos, una salida es más factible que se pueda», indicó.

NUEVOS PARADIGMAS EN SALUD MENTAL
La capacitación prosiguió con la exposición de la asesora técnica de la Subsecretaría de Salud Comunitaria en Entornos Saludables y No Violentos, Josefina Bittel, quien se refirió a los abordajes en situaciones de salud mental y consumos problemáticos desde una perspectiva de DDHH.
Luego, Camila Parodi, integrante del equipo técnico de la Dirección de abordaje integral de DDHH y coordinadora de una de las guardias de la Secretaria de Derechos Humanos, abordó la temática de «Derechos Humanos y Salud Mental, desde un nuevo paradigma».

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