Se trata de una organización dedicada a la falsificación de documentación, apropiación, venta e inscripción irregular de diversos inmuebles. La causa se inició a fines de 2021.
Dieciocho personas, entre ellas un fiscal del Poder Judicial de Corrientes y dos exfuncionarios provinciales, fueron procesados como acusados de integrar una organización delictiva dedicada a la falsificación de documentación, apropiación, venta e inscripción irregular de diversos inmuebles, informaron este lunes fuentes judiciales.
Los procesamientos fueron dictados por la jueza de Garantías correntina, María Josefina González Cabañas, a pedido del fiscal Gustavo Roubineau, en el marco de una causa que se inició a fines de 2021.
Según las fuentes, entre los procesados se encuentran la exdirectora del Registro de la Propiedad y el Inmueble, escribana María Eugenia Demetrio; el exdirector de Catastro, Narciso Santín Toffoletti; y el fiscal de juicio Gustavo Edmundo Schmitt Breitkreitz.
El fiscal Schmitt fue procesado por el delito de estafa, en concurso ideal con el delito de uso de documento público falso.
Mientras que por supuesta asociación ilícita se procesó a la escribana Gladis Dionisia Báez, Mario Faustino Espíndola, Liliana Griselda Ortíz, Alberto Iván Bordón, Carolina Elizabeth González, Carolina Beatriz Giles, el mencionado Toffoletti, Alba Cristina Zamudio y Pedro Antonio Verón.
Por fuera de esa presunta asociación ilícita, pero por los delitos de estafa y uso de documento público falso, también quedaron cerca del juicio la abogada Virginia Griselda Aquino y Gerardo Martin Berman.
También fueron procesados por delitos de estafas Jorge de Jesús Leiva y Héctor Abel Leiva.
Asimismo, a Demetrio, que fue removida del cargo cuando se inició esta causa, se la procesó por incumplimiento de deberes de funcionario público, al igual que los funcionarios Pedro Antonio Verón, Wilda Alicia Velazco Bergna, María Bernarda Correa y María Mercedes Arostegui.
Una de las más comprometidas en este proceso es la escribana Báez, quien continúa detenida por 15 hechos de estafa reiterados y falsificación y uso de diversos documentos púbicos, agravados por su calidad de funcionaria pública, en el delito de fraude en perjuicio de la administración pública.
A su vez, en el mismo fallo se dictó la falta de mérito para otros cinco sospechosos, al tiempo que hay una imputada prófuga.
