Además de procesarlo por el espionaje a familiares del ARA San Juan, el magistrado le dictó un embargo por 100 millones de pesos y la prohibición de salida de la Argentina. Ambas medidas fastidiaron al expresidente y su defensa las apelará junto con el procesamiento.

El juez federal de Dolores, Martín Bava, notificó este viernes formalmente a la Dirección Nacional de Migraciones la vigencia de la prohibición de salida del país dictada al expresidente Mauricio Macri, al disponerse su procesamiento en la causa que investiga supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del submarino ARA San Juan.

En un oficio enviado al organismo, Bava consignó que el 1 de diciembre último "se dispuso la prohibición de salida del país del imputado Mauricio Macri", una medida que comenzó a regir desde su vuelta al país procedente de Chile, informaron fuentes judiciales.

Desde el momento en que fue citado a indagatoria en esta causa, el exmandatario realizó distintas solicitudes para viajar al exterior, algo que fue cuestionado por la defensa de los familiares del ARA San Juan, quienes advirtieron la intención de entorpecer la investigación.

A raíz de estos pedidos, Valeria Carreras, quien representa a un grupo de familiares en la causa, se opuso a que se le conceda un permiso para salir del país, en el marco de los requerimientos para visitar Arabia Saudita y Chile.

"La fuga no es un delirio, sino algo que a la luz del comportamiento 'reticente' a la Justicia, ver postergación de su indagatoria, la profusa mendacidad de sus libelos y recursos, nos ponen frente a un reo con múltiples destinos donde le darían un lugar apropiado para abstraerse de la Justicia", sostuvo.

La estrategia de Macri
Por su parte, la defensa de Mauricio Macri ultima detalles de la apelación que presentará al procesamiento dictado por el juez federal subrogante de Dolores. El lunes vence el plazo para apelar esa decisión del magistrado, por lo cual se espera que de aquí a ese día llegue la presentación judicial por medio de su abogado Pablo Lanusse.

Macri fue procesado el miércoles sin prisión preventiva, pero con un embargo de 100 millones de pesos sobre sus bienes, por Bava, quien consideró al líder de Juntos por el Cambio (JxC) como "autor" de maniobras de espionaje ilegal contra los familiares de los marinos del submarino hundido en noviembre de 2017.

El fallo se dio a conocer cuando el exmandatario estaba de viaje en Chile. Ya en la Argentina, el expresidente no podrá salir del país, según lo establecido por el fallo, y además "no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal".

En declaraciones formuladas a la prensa, Macri calificó como "persecución política" su procesamiento y adelantó que cumplirá el fallo "como corresponde". "Es una persecución política que terminó en esto. Ya todos lo sabíamos. Más incómodo para la propia Justicia argentina es tener jueces como el juez (Martín) Bava", respondió tras la pregunta de una periodista del canal 24 Horas TVN.

La causa por el espionaje
La causa, por la que ya hay 11 procesados además del exmandatario, se inició en septiembre del 2020, con una denuncia que presentó la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, ante la justicia federal de Mar del Plata.

Puntualmente, el juez Bava investiga las tareas de campo directas, infiltraciones, toma de fotografías y ciberpatrullaje que se realizaron desde la base de Mar del Plata para espiar al colectivo de familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017.

Durante el gobierno de Mauricio Macri la AFI produjo informes sobre los siguientes sucesos:

Cuando se cumplieron los dos meses de la desaparición del submarino, el 15 de enero de 2018, se hizo una misa en la Base Naval de Mar del Plata. La AFI siguió a una hermana de un tripulante y también se infiltró entre un grupo de parientes que llevaron su reclamo al Concejo Deliberante de General Pueyrredón.

Un informe del 3 de febrero de 2018 da cuenta del seguimiento a cuatro mujeres, esposas o parejas de los submarinistas, para saber cuáles serían los planteos que harían en la reunión que tendrían tres días después con Macri.

El 10 de febrero de 2018, hubo seguimientos a una madre y a los familiares que llegaron a la residencia de Chapadmalal para dejarle una carta a Macri.

El 2 de abril de 2018, fotografiaron y buscaron en las redes sociales de una hermana y una compañera de un submarinista que fueron hasta el Golf Club de Mar del Plata para buscar hablar con Macri. Había un periodista marplatense, pero la AFI no se interesó por él. Eso prueba para el juez Bava que los espías estaban enfocados en el colectivo de familiares del ARA San Juan.

Siguieron y fotografiaron a quienes se congregaron en la Base Naval al cumplirse un año del hundimiento del San Juan.

En al menos otras diez oportunidades hubo seguimientos, según surge de 22 documentos aportados por Caamaño. Los informes sobre las movilizaciones comenzaron el 28 de diciembre de 2017.

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