La jueza estadounidense respondió a la apelación presentada por Argentina. Sin embargo, puso algunas condiciones.
La jueza de Nueva York Loretta Preska eximió a Argentina de pagar los 16.000 millones de dólares por el juicio por la nacionalización de YPF. Sin embargo, el país tendrá que aportar activos de la petrolera como garantía para evitar embargos.
El estudio de abogados Sullivan & Cromwell, que representa a la Argentina, apeló el fallo de la jueza, quien determinó que el país debía pagar un resarcimiento por la expropiación y recuperación de YPF.
El juicio inició ante la demanda de los fondos Burford Capital y Eton Park. Ahora, en respuesta a la apelación de Argentina, Preska sostuvo que «la petición de la República (Argentiana) de que se suspenda la ejecución de la sentencia final pendiente de apelación sin fianza se concede parcialmente».
«En lugar de una fianza y como condición para la suspensión de la ejecución, la República se comprometerá con los demandantes a su participación en el capital de YPF”, sostuvo la jueza.
En este sentido, la jueza habilitó que el país aporte activos de la petrolera como garantía para evitar embargos antes del 5 de diciembre. Además, Preska determinó la suspensión de posibles embargos hasta que la Corte de Apelaciones se expida.
La demanda de los fondos buitres
La decisión de apelar la sentencia había sido dada a conocer por la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, a través de X (exTwitter), al indicar que «el gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska».
«El presidente Alberto Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres», expresó Cerruti.
La jueza Preska determinó que la Argentina deberá pagar un resarcimiento por daños económicos a los fondos Burford Capital, fundado en 2009 por el exvicepresidente y director jurídico de Time Warner, Christopher Bogart, que financió el reclamo desde el inicio del litigio, en 2015, y se convirtió en el más duro litigante contra la Argentina.
En marzo, la misma jueza había fallado en contra del país, al determinar que hubo incumplimiento de contrato por parte del gobierno argentino y solo quedaba saber el monto de la sentencia de primera instancia, que finalmente comprende un resarcimiento cercano a los 16.000 millones de dólares.
Para el Estado argentino, Burford Capital no fue víctima de ninguna expropiación cuando el gobierno de Cristina Kirchner oficializó la recompra del 51% de las acciones de YPF en 2012, sino que se trata de un fondo que recompró los derechos de litigio a otros acreedores, entre ellos el grupo Petersen, conformado por empresas argentinas.
