El Ministerio de Seguridad y Justicia informó que hasta el miércoles inclusive, están abiertas las inscripciones a los cargos de director/a de Control Policial y director/a de la Defensoría del Policía. Pueden inscribirse profesionales idóneos interesados en formar parte en estas áreas del Estado. Los cargos figuran en la Ley Orgánica de la Policía del Chaco (2011-J), y están cubiertos de forma interina por Gustavo A. Ferreyra -a cargo de la Dirección Defensoría del Policía- y Leandro F. Arrudi -a cargo de la Dirección Control Policial.
La Dirección de Control Policial tiene como objetivo velar por el cumplimiento efectivo de reglamentos y disposiciones en la Policía del Chaco. Los miembros de la oficina cumplirán con la tarea de identificar, investigar y juzgar conductas contrarias a la norma, así como también de evaluar el desempeño funcional y de impacto de dependencias o unidades de la Policía del Chaco.
La figura del Defensor del Policía contempla a un funcionario civil sin estado policial que tendrá como función intervenir de oficio, por denuncia o simple reclamo de algún particular para garantizar la defensa, protección y promoción integral de los Derechos Humanos e intereses individuales, colectivos y difusos del personal policial de la provincia.
¿Cómo inscribirse?
La Resolución 1695/21, establece que para ocupar los puestos, las y los interesados deben tener entre 25 y 50 años, tener Título Universitario de Abogado/a. Además, deberá contar con nociones generales de Derecho Penal o Derecho Administrativo y/o de procesos de Mediación, y conocimientos de TICs.
La inscripción se realiza mediante un formulario disponible en el Sistema de Concursos y Convocatorias Internas, accesible desde la plataforma de servicios Tu Gobierno Digital - TGD (www.gobiernodigital.chaco.gob.ar). En la inscripción deberá adjuntar en formato digital la documentación que acredite los antecedentes invocados en el formulario de inscripción. No pueden acceder a cargos de la Dirección de Control Policial quienes hayan sido miembros de fuerzas armadas, o quienes estén sometidos a proceso o hubieran sido condenados por violaciones a derechos humanos.
