"Los perjuicios reales para las arcas públicas fueron que se hayan omitido distribuir los kits según la finalidad perseguida, que se hayan vencido elementos perecederos, que se hayan afrontado enormes gastos derivados del depósito de los kits de forma innecesariamente prolongada", escribió la fiscal en su dictamen del miércoles pasado.

El programa fue puesto en marcha en 2015 por Cristina Fernández de Kirchner para evitar la mortalidad infantil por colecho, una de las tantas políticas de inclusión social de aquel Gobierno, que luego fue desactivada por la administración de Mauricio Macri.

El reciente dictamen de la fiscal Gabriela Baigún, quien pidió el sobreseimiento de todos los imputados en el caso del Plan Qunita por inexistencia de delito, volvió a visibilizar el programa puesto en marcha en 2015 por Cristina Fernández de Kirchner para evitar la mortalidad infantil por colecho, una de las tantas políticas de inclusión social de aquel Gobierno que luego fue desactivada por la administración de Mauricio Macri.

El pasado miércoles, en un contundente dictamen de 70 páginas, presentado ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1, la fiscal de juicio demolió la denuncia original de la diputada Graciela Ocaña y -en base al análisis de dos pericias contables- concluyó que no hubo perjuicio para el Estado, aseguró que no fue direccionada la licitación y subrayó que el kit cumplía con el objetivo de lograr "un comienzo de vida equitativo".

El expediente de la causa del Plan Qunita fue instruido por el fallecido juez federal Claudio Bonadio, quien en su momento procesó al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y al exministro de Salud de la Nación y actual titular de esa cartera en la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, y a su actual viceministro, Nicolás Kreplak, entre otros.

"La nueva prueba colectada en autos en el marco de la instrucción suplementaria y su valoración conjunta con los elementos que se encontraban acumulados al expediente permiten concluir que, en este caso, ninguna de ambas conductas por las que se promovió la acción penal constituye delito", sostuvo la fiscal en el dictamen al que accedió Télam.

Ahora, el TOF 1 deberá resolver si sobresee a todos los acusados -como requirió la fiscal-, lo que implicaría, en rigor, definir si la causa se archiva o avanza hacia juicio oral y público.

Más allá de lo que ocurra con este caso, el dictamen de la fiscal Baigún volvió a visibilizar el programa puesto en marcha por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner para evitar la muerte infantil por colecho, que como otras políticas de inclusión social de las administraciones kirchneristas, luego fue desmantelado por su sucesor, Mauricio Macri.

En los seis meses que funcionó el plan nacional lanzado por Cristina para reducir la principal causa de mortalidad infantil entre los sectores de menores recursos (el colecho) se distribuyeron 74.408 kits a 289 maternidades en todo el país, de los cuales 43.600 (un 60 por ciento del total repartido) fueron entregados a las familias.

En cambio, durante el Gobierno de Cambiemos, al compás del retiro del Estado en el diseño de las políticas públicas, el creciente endeudamiento del país, la caída en la producción y el empleo y el desmantelamiento de la estructura estatal -que tuvo quizá su punto más alto en la desaparición del Ministerio de Salud degradado a secretaria- algunas de esas iniciativas, pensadas como un equitativo punto de partida para el conjunto de la población, fueron desactivadas sin más y otras quedaron reducidas a su mínima expresión.

Así como el Plan Qunita, durante la gestión de Cambiemos naufragaron programas como el Plan Nacional de Lecturas, Conectar Igualdad, el plan de becas para estudiantes, Progresar, y el programa de acceso a la vivienda, Procrear; mientras mermaban su producción los canales educativos del estado: Encuentro y Pakapaka.

Estas medidas de ayuda social y promoción educativa y cultural ahora son rescatadas por la actual gestión de Alberto Fernández, en medio de las restricciones impuestas por el fuerte endeudamiento externo y la crisis económica y social heredada del Gobierno anterior, que además se profundizó por el impacto de la pandemia de coronavirus.

"Cuántas cosas más se van a frustrar en Argentina" sin razón, se preguntó la vicepresidenta Cristina Kirchner, al encabezar el pasado jueves, junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, la entrega de 10 mil tablets a niños y niñas de sexto grado en el marco del plan Conectar Igualdad, en Lomas de Zamora.

Allí, la exmandataria puso en valor el Plan Qunita, un kit diseñado por el fallecido joven Tiago Ares, en base a un modelo creado en Finlandia y recordó que hubo un "juez pistolero que confiscó unidades" de esos kits destinados por su Gobierno a niños recién nacidos.

Las unidades del programa Qunita estaban compuestas por un moisés de fácil armado, un conjunto de ropa, blanquería, sonajero, libro de instrucciones, libritos de cuentos, cremas y hasta preservativos, pero el objetivo central era reducir el colecho, que se produce principalmente en hogares humildes, donde habitualmente el bebé duerme con los padres, lo que suele provocar muertes por asfixia.

Con la expresión "juez pistolero" la expresidenta aludió a Bonadio, quien instruyó la causa, que ahora a partir del dictamen de Baigún queda al borde de su extinción.

Una vez asumido el gobierno de Cambiemos, Bonadio dispuso la suspensión del reparto de ese beneficio en las maternidades y meses más tarde ordenó al Ministerio de Salud la destrucción de los moisés y sacos de dormir que había en stock, medida que no se llegó a concretar por una intervención de la propia justicia.

Más tarde, fue la propia Biagún quien reactivó la distribución de los kits destinado a familias vulnerables.

"Los perjuicios reales para las arcas públicas fueron que se hayan omitido distribuir los kits según la finalidad perseguida, que se hayan vencido elementos perecederos, que se hayan afrontado enormes gastos derivados del depósito de los kits de forma innecesariamente prolongada", escribió la fiscal en su dictamen del miércoles pasado.

En 2017, en los Estados Unidos se lanzó el programa "Baby Box", una iniciativa similar al Plan Qunita y la expresidenta aprovechó la información publicada en el diario Washington Post para defender el programa atacado por Bonadio.

"En el Washington Post explican el éxito sanitario de Qunita. En Argentina el juez Bonadio las mandó quemar...", escribió, entonces, Cristina Fernández en su cuenta de Twitter, acompañado su posteo con la publicación del diario estadounidense.

Los cierto -según entienden en el actual oficialismo-, es que ésta y otras causas judiciales impulsadas en tiempos de Cambiemos sirvieron no solo para concretar una "persecución política" desconocida hasta el momento en tiempos democráticos, apuntaron además a deslegitimar un conjunto de políticas públicas aplicadas durante el kirchnerismo, algo que Cristina Kirchner advirtió en aquel discurso que, en abril de 2016, brindó ante una multitud frente a los Tribunales de Comodoro Py.

En aquella oportunidad, la exmandataria anticipó lo que vendría: señaló que los argumentos "moralizantes" con los que Cambiemos llegó al poder "tienen un solo objetivo: ir por los derechos adquiridos, por el bienestar que los argentinos se ganaron" en los doce años de su gobierno y el de Néstor Kirchner.

Ese día, el 14 de abril de 2016, a meses apenas de dejar la Presidencia, Cristina Kirchner, fue escoltada por una multitud a los tribunales de Retiro, para declarar ante el juez Bonadio en la causa conocida como dólar futuro, otro de los expedientes en los que la actual vicepresidenta fue sobreseída junto a su exministro de Economía, Axel Kicillof, y el extitular del Banco Central, Alejandro Vanoli, entre otros exfuncionarios.

Télam

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