Los alcances y desafíos de la Ley N°25.929 que garantiza los derechos de las personas gestantes durante el preparto, parto y puerperio fueron analizados por funcionarios del Ministerio de Salud que participaron de la edición argentina de la Semana Mundial del Parto Respetado, que se celebra hasta el 22 de mayo bajo el lema “Muchas formas de parir, los mismos derechos”.
La cartera sanitaria nacional informó que la actividad contó con la participación de la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, y la representante de OPS/OMS en Argentina, Eva Jané Llopis.
La ley de Parto Humanizado fue sancionada en 2004 y establece que todas las personas gestantes tienen derecho a una atención basada en la escucha, la confianza, la intimidad y el respeto por su identidad de género, sexualidad, corporalidad y cultura.
Asimismo, esta herramienta protege los derechos de las personas gestantes y de las personas recién nacidas, reconociendo su protagonismo y el de sus vínculos afectivos en el proceso de parto y nacimiento; favoreciendo el fortalecimiento de los entornos protectores de las crianzas y promoviendo la corresponsabilidad en los cuidados.
“El desafío está en recuperar aquellos indicadores afectados por la pandemia, el aislamiento y la falta de acompañamiento. Debemos avanzar en el ejercicio de nuestro derecho a decidir cómo parir y elegir quiénes nos acompañan”, dijo la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, durante la apertura del encuentro.
Durante su exposición, Tirado destacó que el parto respetado es una línea estratégica priorizada por la cartera sanitaria nacional que también “está siendo abordada desde la Ley 1000 días que apunta el acompañamiento, la protección y el cuidado integral de la salud y la vida de las personas gestantes, niñas y niños en los primeros tres años”.
En ese sentido, la funcionaria explicó que durante esta semana la cartera sanitaria nacional organizó diversas jornadas de concientización donde se analizaron los avances en la implementación de la Ley de Parto Respetado y se realizaron intercambios sobre experiencias provinciales.
En este contexto, el director nacional de Abordaje por Curso de Vida, Marcelo Bellone, profundizó sobre la importancia del accionar conjunto para la transformación de las prácticas y agregó que “todos estamos involucrados en la promoción del trato humanizado y el respeto de los derechos” que garanticen el cumplimiento de la ley y la toma de decisiones informadas.
En la segunda parte del encuentro, la representante local por Unicef, Olga Isaza, destacó los avances en materia normativa en Argentina y, en particular, en la relevancia de las leyes 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida como Ley 1000 días; la ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que tipifica la violencia institucional, obstétrica y reproductiva; y la ley 26.873 de promoción de la lactancia, entre otras herramientas jurídicas que involucran a decisores políticos, prestadores de servicios y a las familias gestantes.
“El desafío es cerrar la brecha entre el cuerpo normativo y su aplicación”, dijo Isaza, la calidad de los servicios y los diferentes factores que generan inequidad como el género, la edad, las barreras de accesibilidad económica y cultural, la falta de educación en salud reproductiva y el exceso de medicalización, entre otros.
