Algunos de los puntos principales de la propuesta radical incluye la eliminación de multas «que complejizan el marco laboral actual», la educación como un «servicio estratégico esencial» y la extensión del periodo de prueba a 6 meses. Por su parte, de Loredo argumentó que en Argentina «no crece el empleo privado desde hace una década» y señaló que existe una «alta dependencia» del sector público. «La dimensión del problema es enorme, los cambios deben ser urgentes», sentenció el legislador.
El proyecto
- Reducción de la carga fiscal sobre el empleo: Actualización de la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil y hasta 5 empleados. Esto produce una sustancial disminución del costo laboral no salarial. Le da la posibilidad a miles de PYMEs puedan contratar formalmente teniendo en cuenta su capacidad contributiva.
- Eliminación de multas: Derogación de las principales multas que complejizan el marco laboral actual y fomentan la litigiosidad. Se mantiene aquella referida al trabajo no registrado con el objetivo de incentivar el trabajo en blanco.
Libertad sindical: Eliminar las contribuciones obligatorias a los sindicatos para garantizar la verdadera libertad sindical. El trabajador tiene derecho a afiliarse, no afiliarse o desafiliarse.
Educación como servicio estratégico esencial: La educación es el mayor acto de inclusión social y laboral. Establecer la educación como un derecho humano fundamental, limitando los conflictos colectivos de trabajo que pongan en riesgo este derecho.
Mecanismos sustitutivos de indemnización: Establecer por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8% de la remuneración) y dar la opción a un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización.
Período de prueba: Extender el período de prueba a seis meses
