Un juez local solicitó a la policía provincial que se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza y dispuso una instancia de mediación con todas las partes en conflicto.
A partir del habeas corpus presentado por la Secretaría de Derechos humanos de la Nación para frenar la feroz represión en Jujuy, el juez local Jorge Zurueta solicitó a la policía de la provincia que se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes.
En el marco de las protestas contra la reforma constitucional realizada por el gobierno de Jujuy, el fin de semana las fuerzas de seguridad locales desataron una brutal represión, con numerosas detenciones y personas heridas, entre ellas un joven de 17 años que perdió el ojo tras recibir un disparo de bala de goma.
Este lunes, la Secretaría presentó un habeas corpus colectivo y preventivo para que se respetara el derecho a la protesta de los manifestantes, frenar la violencia policial y se inste al gobierno de Gerardo Morales a convocar a una mesa de diálogo.
En una audiencia realizada este miércoles, el juez decidió hacer lugar al pedido y efectuar una serie de recomendaciones a la policía local para que se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza y que disponga los medios necesarios para evitar una nueva escalada represiva, a fin de preservar la vida y respetar los derechos de todas las personas intervinientes. Recomendó, además, la realización de una instancia de mediación con todas las partes en conflicto y con la participación del Obispado de la provincia de Jujuy.
La gran cantidad de denuncias por violencia institucional en Jujuy también motivó la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
El representante para América del Sur del ACNUDH, Jan Jarab, envió una carta al gobernador Gerardo Morales para expresar su preocupación por la represión a manifestantes y señaló la necesidad de iniciar un diálogo “constructivo e intercultural”, en el que se garantice la participación efectiva de los pueblos indígenas y de otras partes interesadas con el objetivo de “superar la crisis que en este momento vive la provincia de Jujuy” y “evitar una escalada de violencia”.
En la carta, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también manifestó su preocupación por algunas disposiciones de la nueva Constitución provincial, en particular sobre el límite que establece al derecho a la protesta al prohibir cortes de calles y de rutas y “toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas”. “Esta disposición no se encuentran en línea con las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos”, manifestó.
Por la grave situación que se vive en Jujuy, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, se encuentra presente en la provincia, acompañado por Nicolás Rapetti, jefe de gabinete de la Secretaría; Alejandro Marmoni, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígena (INAI); Mariano Przybylski, director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional; Adelqui Del Do, director del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”; Paula Álvarez Carrera, directora del cuerpo de abogados de la Secretaría, y Eugenia Ferrero, enlace entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la Secretaria General de Presidencia.
