Unas 40 familias esperan el tratamiento de la normativa que garantizará también presupuesto para el cumplimiento de sus funciones.
El proyecto de ley que crea la estructura de cargos del Comité para la Prevención de la Tortura espera ser tratado en la próxima sesión legislativa, según se comprometieron los diputados con trabajadores. “Alrededor de 40 familias que integran el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco esperan con ansias el tratamiento de la ley y tienen las esperanzas de que se dé una resolución favorable a esta demanda que lleva años”, aseguran desde el organismo.
El proyecto de ley se iba a tratar el miércoles pasado, pero no figuró en el temario, por lo que los legisladores chaqueños se comprometieron a darle orden de prioridad para la próxima sesión del miércoles 6 de diciembre.
El Comité para la Prevención de la Tortura es el primer mecanismo local de prevención de la tortura en Argentina y cuenta con 10 años de experiencia. Ha experimentado un crecimiento significativo y avances notables en su labor, sin embargo, aún enfrenta una deuda pendiente: la aprobación de su estructura y un presupuesto adecuado para cumplir con su responsabilidad fundamental.
El Comité asume la crucial tarea de monitorear y controlar las fuerzas de seguridad, así como otros ámbitos de privación de libertad. Estas funciones son esenciales para prevenir la violencia institucional y garantizar el respeto a los derechos humanos. El respaldo a la estructura de cargos del Comité no solo es un acto de cumplimiento con compromisos internacionales, sino también una inversión en la defensa de los derechos humanos y en el fortalecimiento de la primera línea defensiva contra posibles violaciones en el Chaco.
“Es imperativo recordar que esta iniciativa va más allá de un cumplimiento legal; también tiene un impacto directo en la vida de alrededor de 40 familias que dependen exclusivamente de los ingresos generados por este organismo. En un momento de crisis y coyuntura política, respaldar la estructura de cargos del Comité no solo es un acto de compromiso con los derechos humanos, sino también un gesto de apoyo a aquellas familias que dedican sus esfuerzos diarios a esta causa”, sostienen desde el Comité.
