Elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos, bajo la órbita de la Corte Suprema, el informe ratifica que el acuerdo con el cual el gobierno de Mauricio Macri buscó cancelar la millonaria deuda del Correo Argentino con el Estado suponía "una quita superior al 92 por ciento", en flagrante perjuicio para las arcas públicas. El análisis ya está en poder del juez Ariel Lijo.
Un segundo informe técnico en la causa penal que apunta al Correo Argentino ratifica que el acuerdo con el cual el gobierno de Mauricio Macri apoyó la condonación de casi la totalidad de la deuda de la empresa de su familia era "ruinoso" y "abusivo" para el Estado, como denunció en 2017 la fiscala Gabriela Boquin. El análisis, elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) --que depende de la Corte Suprema-- fue entregado al juez Ariel Lijo, que investiga si ese pacto fue espurio e implicó delitos como administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la funcion pública. En 2019 fueron indagados el exministro de Comunicaciones Oscar Aguad, su director de asuntos jurídicos, Juan Mocoroa, el presidente del Correo, Jaime Cibils Robirosa, y el apoderado Jaime Kleidermacher, pero hasta ahora nunca fue resuelta su situación procesal. El nuevo documento al que accedió Página/12 es categórico, una vez más, y dice que "en todas las alternativas y escenarios presentados", que fueron en total 126 opciones con distintas tasas de interés, "el porcentaje de quita estimado resulta superior al 92 por ciento y no al 45 por ciento como señala la defensa".
Este nuevo análisis de la DAJuDeCO, que dirige Juan Rodríguez Ponte, fue entregado la semana pasada al juez Lijo, dos días después que la jueza en lo comercial Marta Cirulli decretara la quiebra del Correo Argentino en términos durísimos que, además, exponen a la empresa y sus controlantes a una investigación sobre vaciamiento durante el concurso de acreedores y otros fraudes. Esto podría complicar a otras firmas del grupo Macri, como la accionista Socma, a las que se podría extender la medida de la quiebra para que afronten las deudas. La quiebra es un hito en el expediente concursal. En paralelo, y desde 2017, tramita una causa penal en Comodoro Py a partir de la denuncia que hizo en ese entonces la fiscala Boquin, cuando detectó que el 28 de junio del año anterior se había firmado un acuerdo de (supuesto) pago de lo adeudado por el Correo, que resultaba sumamente perjudicial para los acreedores, y en particular para el Estado que --representado entonces por funcionarios de Macri-- aceptaba que la deuda se licuara en un 98,87 por ciento. Al día de hoy, los cálculos de la fiscalía indican que el pasivo de la empresa es de 6 mil millones de pesos.
El organismo de investigaciones había entregado su primer informe técnico a Lijo el 21 de diciembre de 2020. Era "un estudio técnico económico y financiero respecto del crédito verificado por el Estado Nacional en el marco del proceso concursal de Correo Argentino SA, su actualización y quita estimada" según lo pactado en 2016. Ya entonces las conclusiones indicaban que Boquin tenía razón, como publicó Página/12. El Correo pretendía --y el macrismo aceptaba-- pagar en cuotas a 15 años, de las cuales las primeras 12 eran insignificantes y recién después de 16 años se preveía el pago de intereses. Esto implicaba que se licuara el valor del dinero en el tiempo y, según remarca otra vez la DAJuDeCO, se alcanzaba una quita superior incluso al 92 por ciento. Para llegar a esos cálculos había confeccionado incluso una aplicación para calcular todas las fórmulas posibles con distintos tipos de tasas de interés y variables. La defensa de Cibils Robirosa y Kleidermacher --quienes quedaron muy complicados con la declaración de quiebra-- atacó las conclusiones de los especialistas y el juez Lijo le pidió a la DAJuDeCO que revise el trabajo y sus conclusiones. Para el Correo la quita no superaba el 45 por ciento, que era un modo de plantear que no había delitos, además de disminuir su deuda.
"El estudio económico y financiero aportado por la DAJuDeCO implicó considerar (...) los términos reales de la propuesta formulada por Correo Argentino SA en función de la realidad económica y el concepto de variación del valor del dinero en el tiempo. En ese sentido, la discusión acerca de la aplicación de una u otra variable o criterio de cálculo para actualizar el crédito verificado resulta improductiva si, en ninguno de los casos, se considera el valor real de los términos propuestos para su pago", concluye el documento que recibió el juzgado. "Lo anterior permite concluir que, en el marco del período circunscripto desde la presentación del concurso, el 19/09/2001, hasta la fecha de propuesta de pago, el 28/06/2016 y, evaluando la totalidad de los supuestos hipotéticos planteados surge que, en todos los casos, la propuesta de pago realizada por Correo Argentino SA estimó una quita superior al 90 por ciento, tal como fuera indicado en el informe técnico presentado", insiste, tras desmenuzar 126 escenarios posibles.
El documento, que firma Rodríguez Ponte, apunta que todas las "formulaciones" que "introduce la defensa" de los hombres del Correo "presentan un denominador común, su metodología de cálculo se circunscribe al plano nominal de los valores adeudados y no considera en ninguno de los casos, el valor actual y real de los compromisos de pago futuros que, de acuerdo con los términos de la Séptima Propuesta (la de 2016), no sólo difieren su pago a lo largo de 16 años, sino que además introducen variaciones en el porcentaje de capital a pagar en cada cuota y estipulan el pago total de los intereses para luego de la cuota número 15". "En consecuencia --agrega-- la metodología propuesta por la defensa no permite identificar cuál sería el pago y, a partir de allí, tampoco la estimación de la quita real respecto de lo formalmente ofrecida".
Aguad, Mocoroa, Cibils Robirosa y Kleidermacher fueron indagados en marzo de 2019 pero el juzgado nunca decidió si había razones para procesarlos, dictarles falta de mérito o sobreseerlos. Las indagatorias las había pedido el fiscal Gerardo Pollicita, quien asumió en el expediente después de que el procurador interino Eduardo Casal desplazara al primer fiscal de la causa, Juan Pedro Zoni, a quien directamente mandó a una fiscalía correccional. Zoni había imputado al propio Macri. Pero luego quedó afuera. Se supone que, como mínimo, la causa está en condiciones de recibir alguna clase de definición por estos días.
Página 12
