Con contratos de tres años de antigüedad y en moneda nacional. El aumento de alquiler se dará por la variación de 0,9 de la variación salarial y el CER del Banco Central.
La Cámara de Diputados convirtió en ley, por 128 contra 114 votos, el proyecto de reforma de alquileres con los cambios incluidos por el Senado impulsados por el Frente de Todos, con lo cual los contratos entre propietarios e inquilinos se mantendrán por tres años y tendrán una actualización semestral, en lugar de anual como establecía la actual norma.
La iniciativa se aprobó con los votos que fueron aportados por el Frente de Todos, el Movimiento Popular Neuquino, dos de Identidad Bonaerense, dos socialistas, una de Córdoba Federal, uno de Juntos por Rio Negro, dos del Frente de la Concordia y cuatro de izquierda.
En tanto, la iniciativa fue rechazada por Juntos por el Cambio, los tres libertarios que responden a Javier Milei, uno de Juntos por Río Negro, una de Identidad Bonaerense y uno de Córdoba Federal.
La iniciativa fue aprobada después de las 5 de la madrugada en el marco de una sesión maratónica que se inició hoy a las 12.30 en la cual se convirtió en la ley de violencia digital y se aprobaron los proyectos de devolución del IVA, Argentina Inclusiva y de promoción del Gas Natural Licuado.
Con la sanción de este proyecto los contratos se mantienen en tres años los cuales deberán ser estipulados «en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses«.
También, el Senado modificó el mecanismo de actualización del precio de los alquileres y estableció que «los ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el Indec y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), publicado por el BCRA».
El texto aprobado por el Senado, además, incorporó un último párrafo sobre el artículo 9, en el que determinó que «los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo».
También fija que cualquier «publicidad, en cualquier medio o plataforma, que incluya precio de locaciones de inmuebles con destino habitacional debe realizarse en moneda nacional» y elimina la posibilidad de los pagos a inquilinos por adelantado.
En cuanto a los beneficios impositivos los propietarios no pagarán bienes personales sobre los inmuebles que se pongan en alquiler. Tampoco pagarán el impuesto al cheque en las cuentas bancarias destinadas a cobrar esos contratos que se encuentren «debidamente registrados» ante la AFIP.
Además las «partes podrán deducir del impuesto a las Ganancias la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación».
En cambio, el texto con media sanción de Diputados establecía que los contratos de alquiler debían tener un plazo mínimo de dos años, contra los tres años que rigen en la actualidad, y que los ajustes podían hacerse cada cuatro meses con la libertad de ambas partes para elegir el mecanismo a emplear para calcular el porcentaje entre varias fórmulas o índices.
Siempre de acuerdo con el texto que había sido aprobado por la Cámara de Diputados, el menú de posibilidades a elegir estaba conformado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). También se contemplaba como opción que las partes pudieran acordar adoptar una combinación de estos índices.
Al fundamentar la posición del oficialismo, el diputado del FDT Lucas Godoy «es un tema que repercute en la vida de alrededor de 8 millones de personas» y «este contrato nunca tuvo ni tendrá una relación paritaria de igualdad de partes. La ley debe entonces amparar y equilibrar las condiciones de los contratantes».
Agregó que «hoy tenemos dos posibilidades: o insistimos con la media sanción que se aprobó en Diputados, o aprobamos las modificaciones, que en términos de protección son mejores las modificaciones del Senado»,
En el cierre del debate, la secretaria parlamentaria del bloque del FDT, Paula Penacca, afirmó que el problema «no es la ley» sino el contexto económico y dijo que una «de las cosas que mejora es que elimina la posibilidad que el inquilino haga pagos adelantados».
Dijo que «el problema empieza cuando en el año 2018 se llega a una devaluación anual de 100% y por lo tanto la expectativa de propietarios e inmobiliarias no coinciden con lo que logran ganar. Y esto lo dice Reporte Inmobiliario, que no es un pasquín kirchnerista».
«Con la ley aprobada en el Senado se mejora la situación de los inquilinos», destacó. Desde la oposición, la vicepresidenta radical Karina Banfi afirmó que «como nosotros queremos ayudar a la parte más débil, venimos pidiendo la derogación de la Ley de Alquileres sancionada en 2020. Como no tuvimos mayorías, lo que hicimos en agosto fue derogar los dos artículos más nefastos».
En ese sentido dijo que «en 2019, cuando se debatió por primera vez, se nos advirtió que se retraería la oferta y eso fue lo que pasó. En 2020, por la pandemia, se congelaron los alquileres. Lo que tenemos hoy es un desorden absoluto, en el marco de una crisis económica y habitacional. Este combo es letal».
Por su parte, el diputado del Pro Pablo Tonelli expresó su rechazo al proyecto impulsado por el oficialismo al señalar que «la aplicación de la ley provocó una enorme retracción en la oferta de viviendas para alquilar». Esto perjudica a los inquilinos dada la escasez de la oferta, les impide negociar en igualdad de condiciones los términos del contrato».
