En las sedes de REMAR de seis provincias, se detectaron indicios de explotación laboral y medio centenar de personas fueron rescatadas de situaciones en donde se verificaron serias condiciones de vulnerabilidad.
El pasado martes se realizaron 38 allanamientos simultáneos en las provincias de San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza y Provincia y Ciudad de Buenos Aires dispuestos por el juzgado Federal de San Luis a diferentes sedes de la organización REMAR -recuperación de marginados-, que presuntamente asiste a personas en procesos de rehabilitación de adicciones y consumos problemáticos, víctimas de violencia de género y, en algunos casos, acogen a víctimas de trata rescatadas de operativos judiciales.
Luego de una larga investigación llevada adelante por el fiscal Federal Cristian Rachid y de los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mangano de PROTEX, operativizada por la Gendarmería Nacional, se detectaron fuertes indicios de que en la institución había situaciones de explotación laboral e irregularidades patrimoniales.
En los allanamientos participaron Gendarmería Nacional, áreas especializadas de Policía Federal, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Perdonas Damnificadas por el delito de trata dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo de lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia a las víctimas.
En los operativos verificaron múltiples y diversos indicadores de explotación laboral sobre la mayoría de las 498 personas acogidas en las sedes de REMAR, ya que les imponían extenuantes jornadas de trabajo sin ninguna paga en diversos rubros como la venta ambulante, albañilería, carpintería, tareas de cosecha, reparación de vehículos, tareas domésticas y de cuidado, entre otras.
Los delegados y delegadas de la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo de lucha contra la Trata y Explotación de Personas que participaron en los diferentes operativos, informaron que en aquellos domicilios donde se hallaron personas acogidas, se verificaron indicadores de vulnerabilidad por razones de salud, edad, económicas, violencia de género, adicciones, entre otras.
Asimismo, afirmaron que en la mayoría de los casos, las personas entrevistadas no eran oriundas de la provincia donde se encontraban y en varios casos se les retenía los teléfonos celulares, documentos personales y/o tarjetas de débito para la posterior apropiación de beneficios sociales asignados.
Por otra parte, indicaron que las principales actividades económicas de la organización están relacionadas con la venta ambulante, venta de muebles, carpintería, mecánica, construcción, tareas domésticas.
En varios establecimientos se encontraron familias con sus hijos y en algunos, menores de edad trasladados sin autorización de sus padres. Además, en todos los casos las personas entrevistadas manifestaron realizar tareas para la organización sin paga alguna y de largas jornadas laborales.
En todos los casos las personas con alguna enfermedad o discapacidad manifestaron NO recibir atención médica, psicológica ni farmacológica por parte de los responsables de la organización, pero sí que se estaban rehabilitando de alguna adicción.
Además, en varios domicilios se encontraron grandes sumas de dinero en efectivo (moneda nacional y extranjera) y títulos de vehículos.
Durante los procedimientos, varias personas expresaron su intención de abandonar el establecimiento allanado, motivo por el cual el Comité Ejecutivo articuló con los puntos focales provinciales (Mendoza – Córdoba) la reubicación transitoria y el traslado a su provincia de origen donde se encuentran sus familiares.
En virtud de la todo lo descubierto durante el allanamiento, y como las instalaciones eran precarias o con hacinamiento, el juez federal Juan Esteban Maqueda dispuso la intervención de las sedes allanadas, designando a veedores de los gobiernos provinciales respectivos y con el acompañamiento de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación.
De esta manera, las víctimas que deseaban retirarse quedaron a cargo del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las que por diferentes motivos no podían retornar a sus hogares, bajo la supervisión de los veedores, mientras que siete ciudadanos imputados fueron notificados de prohibición de salida del país y de acercamiento a los lugares allanados.
