Desde el Gobierno provincial se planifican políticas bajo la consideración de la pobreza e indigencia como un fenómeno multicausal, que debe ser combatido con mayor industrialización e inversión público – privada que genere empleo digno, y con una serie de políticas que permitan el acceso a derechos.
La ministra de Desarrollo Social de la provincia y precandidata a diputada del Frente Chaqueño, Pía Chiacchio Cavana, respondió a la publicación de un informe realizado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci). “Afirmar que en el Chaco más del 55% de los hogares suprimieron comidas para que los alimentos alcancen es una sobre representación estadística malintencionada”, aseguró.
Además, la funcionaria subrayó que “si bien es un esfuerzo valorable que desde las organizaciones se busque construir información, bajo ningún aspecto los datos expuestos y publicados corresponden con la realidad de nuestra provincia y sus resultados no pueden ser proyectados a un análisis de la situación social general”.
En ese sentido, Chiacchio Cavana señaló la falta de seriedad metodológica del documento, indicando que no cuenta con el anexo metodológico necesario, y tampoco establece con claridad el diseño de la composición muestral de la población relevada ni las herramientas y técnicas de recolección de datos.
Por otra parte, la ministra indicó que “es falso afirmar que nuestra provincia tiene un 85% de informalidad laboral, este número no surge de ninguna fuente formal proporcionada por AFIP, ATP, o de ninguna fuente confiable de datos”. Y agregó que los estudios en los que se basa el documento “se centran únicamente en zonas vulnerables, sin tomar en cuenta otros indicadores para elaborar una investigación que tenga validez estadística”.
Entre otros graves errores, el informe desconoce el número de comedores o espacios comunitarios, barrios o localidades que fueron relevados para llevar adelante la investigación, hablando vagamente “de más de 3.000 familias”, sin ninguna otra especificación. Por otra parte, el punto de obtención de información territorial son los espacios comunitarios y no los hogares.
Un llamado a la responsabilidad y a la rigurosidad científica
“Si vamos a hablar de pobreza e indigencia debemos hacerlo con responsabilidad y prestarnos a afrontar un debate profundo, dejando de lado el entender a la pobreza como un número que resulta del cálculo de determinadas variables, lo que reduce la problemática a una cuestión netamente económica”, enfatizó Chiacchio Cavana.
En ese sentido, recordó que desde el Gobierno provincial se trabaja bajo la consideración de la pobreza e indigencia como un fenómeno multicausal, “que debe ser combatido con mayor industrialización, con inversión tanto estatal como privada que genere empleo digno, y con una serie de políticas públicas efectivas que permitan el acceso a la educación, a la salud, al proceso de urbanización de los barrios populares, que aseguren condiciones dignas de hábitat, entre muchas otras, y por lo tanto estamos convencidos que el análisis no puede ser netamente económico”, indicó.
Chiacchio Cavana hizo además un llamado a la comunidad “a que se informe a través de los institutos específicos que establecen sistemas de mediciones que otorgan la rigurosidad científica que un problema como la pobreza amerita” e instó a la dirigencia política “a que nos dediquemos a pensar en un sistema de información estadística que tenga en cuenta la multicausalidad de este fenómeno, pero también a que pongan sobre la mesa las propuestas que permitan disminuir este flagelo que golpea a muchos hermanos y hermanas de nuestra provincia”.
La ministra explicó además que la lucha contra la pobreza no se agota únicamente en mejorar las políticas de ingreso de las familias, sino que “se trata de lograr mejor infraestructura social básica en los barrios, de garantizar el acceso a la vivienda, a la salud, al deporte, a la cultura, a la seguridad, a un ambiente saludable y el acceso a servicios públicos básicos de calidad”.
Políticas públicas planificadas para reducir la pobreza
Desde el Gobierno provincial se impulsan una serie de políticas que tienen como objetivo reducir la pobreza, ampliar derechos y garantizar mejor calidad de vida a las familias chaqueñas.
Siguiendo ese horizonte se entregaron más de 75,000 soluciones habitacionales, se remodelaron más de 50 hospitales y 250 centros de salud, 820 escuelas, 500 espacios deportivos, y se impulsa la generación de trabajo para los sectores populares, lo que permitió disminuir los programas sociales en la provincia.
A su vez, la Provincia cuenta con un sistema de Seguridad Social que garantiza jubilaciones, pensiones no contributivas, asignaciones familiares, y la prestación alimentaria que alcanza a cientos de familias chaqueñas, a lo que debemos sumar a las y los 260.000 estudiantes que cuentan con el servicio alimentario escolar.
Respecto a la estructura del mercado de trabajo en la provincia, la población económicamente activa asciende a 512.037 personas que trabajan en el empleo formal, en el régimen de autónomos y en el ámbito privado, de las cuales la formalidad laboral alcanza casi el 60%, por lo que existe un 40% de trabajadores y trabajadoras en la informalidad.
Reducir este número ha sido uno de los principales objetivos de la gestión de gobierno y para lograrlo se llevan adelante políticas públicas de acompañamiento a 660 empresas con incentivos para la capacitación y contratación de personal, el entrenamiento laboral de más de 85.000 jóvenes para fomentar su inclusión laboral, entre otras políticas orientadas a la inversión de empresas en nuestras provincias que permitan la generación de trabajo formal para los chaqueños y las chaqueñas. A partir de esta serie de medidas la provincia logró generar 101,300 puestos de trabajo en el ámbito privado formal, una cifra récord a nivel nacional.
Vale aclarar también que, de acuerdo al Mapa de Empleo de la Provincia, caracterización y distribución del empleo, detallado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Ciencias de Datos, surge que es irreal el afirmar que el 75% de la población tiene ingresos inferiores a $45.000.
