En el Salón Obligado de la Casa de Gobierno se llevó a cabo ayer la firma del acta de acuerdo de la adhesión de la provincia del Chaco a la “Campaña Nacional por el Derecho al Voto de las Personas que se Encuentran en Establecimientos de Salud Mental y Discapacidad”.
La rúbrica la realizaron funcionarios del Gobierno provincial junto con autoridades de diferentes organismos e instituciones nacionales y provinciales. La acción forma parte de la continuidad del trabajo multisectorial provincial que se viene desarrollando en materia de salud mental y que en esta oportunidad apunta a garantizar el derecho constitucional del sufragio para ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en instituciones por motivos de salud mental o discapacidad.
La firma del acta de acuerdo contó con la participación de la ministra de Salud Pública, Carolina Centeno; la secretaria de Derechos Humanos y Género del Chaco, Silvana Pérez; la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch; la subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos, Josefina Bittel; la representante del Ministerio Público Fiscal, Alicia Alcalá; el defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco, Bernardo Voloj, el presidente del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Iprodich), José Lorenzo; y representantes de la Delegación Chaco del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).
Desde el Ministerio de Salud Pública resaltaron la importancia de las políticas provinciales en materia de salud mental para garantizar los derechos de la población. “Esta firma de acta de compromiso surge como respuesta de lo que veníamos trabajando en la Mesa Intersectorial de Salud Mental, Consumo Problemático y Suicidio donde sistematizamos prácticas, herramientas y políticas sanitarias. Dentro de dicha mesa intersectorial se busca generar una representación de la comunidad y de las organizaciones sociales que acompañan a usuarios o familiares de pacientes de salud mental para que puedan tener una presencia en el armado y diseño de políticas públicas, ya que no pueden estar aislados de la realidad y de la garantía de los derechos fundamentales”, manifestó la ministra Centeno.
La titular de la cartera sanitaria explicó el rol del Estado en la garantía de los derechos de la población, como el caso del sufragio para personas en instituciones de salud mental y discapacidad. “Hay una decisión política del Gobernador y la Vicegobernadora que lideraron las mesas interdisciplinarias, que comenzaron cuando inició la gestión de gobierno aquel 10 de diciembre de 2019, para que el área de Salud Mental tenga el reconocimiento que merece, no como una dirección técnica sino como una política de Estado”, enfatizó Centeno.
“Se trata de una decisión política de acompañar a la comunidad y población, en desarmar los prejuicios y estigmatizaciones y no generar violencia en personas que sufren padecimientos de salud mental tanto visibles como invisibles, detectables o no detectables. Es un logro del Estado y de gestión de gobierno en articulación con los municipios; buscando lograr el acceso a nivel provincial a las garantías mayores derechos, mediante acuerdos, compromisos y alianzas estratégicas con otros organismos que vienen trabajando en la materia como la Secretaría de Derechos Humanos”, expresó Centeno.
Perspectiva desde los Derechos Humanos
La firma del acuerdo contempló distintos abordajes para la garantía del derecho al voto de personas en instituciones de salud mental, contemplando una perspectiva desde los Derechos Humanos. “Abordamos dos cuestiones: por un lado, una firma de acta de compromiso entre instituciones provinciales y nacionales, y por otro lado leímos y escuchamos las conclusiones de la campaña por el derecho al voto de las personas usuarias de salud mental. A partir de estas conclusiones y del trabajo realizado a nivel nacional y provincial, se elaboró el acta de compromiso entre las instituciones que es fundamental porque apunta a garantizar el acceso a los derechos integrales de las personas usuarias de salud mental y al ejercicio de ciudadanía plena como es el derecho al voto”, explicó la subsecretaria de Derechos Humanos del Chaco, Nayla Bosch.
“Debemos comprender a las problemáticas de salud mental desde una perspectiva de los Derechos Humanos entendiendo que los dispositivos donde se encuentran las personas usuarias de salud mental también son dispositivos de encierro; por ende, es necesario pensar en políticas públicas integrales desde la salud, pero también en diálogo con los Derechos Humanos. Vamos a trabajar fuertemente para tejer una red de contención no solo desde el Estado sino también de voluntarios y voluntarias para garantizar el derecho a voto de las personas usuarias de salud mental”, añadió Bosch.
El Ministerio de Salud Pública viene realizando distintos trabajos y abordajes en materia de salud mental previos a la garantía del derecho constitucional del voto. “Anteriormente realizamos campañas de sensibilización en instituciones públicas y privadas y detectamos que hay personas empadronadas que tienen el deseo firme de participar en procesos electorales, y como Estado asumimos la obligación de garantizar el voto porque el padecimiento mental no excluye a los ciudadanos y ciudadanas de participar en los procesos de elección de nuestros representantes”, explicó la subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos, Josefina Bittel.
