Ante el incremento de detenciones e irregularidades registradas en el accionar de las fuerzas de seguridad, el Consejo Federal de Derechos Humanos por medio de un comunicado, solicitó el cese de la persecución política a militantes y civiles de Jujuy.
El Consejo Federal de Derechos Humanos emitió recientemente un documento en el que expresó su “preocupación ante el creciente deterioro del estado de derecho y falta de respeto a las garantías constitucionales en la hermana provincia de Jujuy”. El instrumento lleva la firma de autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco quienes junto a las máximas autoridades del área de las demás provincias argentinas adhirieron en lo que creen, es un pedido para preservar el pleno ejercicio de la democracia.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco remarcaron que coinciden con el Consejo Federal en que es motivo de profunda consternación y repudio el hecho de que, tras cuatro décadas de democracia y luego de haber enfrentado el genocidio perpetrado por el Terrorismo de Estado en la nación, el país se encuentre nuevamente frente a la triste realidad del resurgimiento de la violencia represiva y la persecución política por parte de las autoridades estatales.
Considerando la lucha que ha llevado el pueblo chaqueño por la legitimidad y soberanía de los derechos de los pueblos originarios, y teniendo en cuenta la conmemoración del 99° aniversario de la Masacre de Napalpí, desde el organismo provincial sostienen que por el principio de justicia del Nunca Más, no se puede permanecer en silencio ante una situación que amenaza seriamente a la comunidad de la provincia de Jujuy.
Nayla Bosch, subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, en coincidencia con sus pares de las demás provincias, aseguró: “Nos causa una profunda inquietud el proceso de criminalización del legítimo reclamo y la protesta social, así como las detenciones arbitrarias y la creación de casos penales contra un número significativo de militantes y líderes sociales y políticos, simplemente por participar en manifestaciones populares”.
Tanto Chaco, como las provincias de la República Argentina que suscribieron el comunicado, hacen un llamado a las instancias institucionales competentes para que actúen de manera inmediata y efectiva, con el fin de restablecer la paz y el pleno estado de derecho en la hermana provincia de Jujuy
Sobre esto, el Consejo agregó que además de lo anteriormente señalado, se ha observado con extrema alarma la utilización de prácticas de inteligencia, espionaje y persecución sistemática dirigidas a opositores políticos y a referentes de diversos sectores sociales. Además, resulta perturbador la estigmatización y persecución sufrida por las comunidades originarias y los líderes sindicales. Sin embargo, el hecho más grave es la injerencia en el espacio físico e institucional de la Universidad Nacional de Jujuy, lo cual socava y vulnera el histórico principio de Autonomía Universitaria, sumada a la detención del destacado abogado penalista Alberto Nallar.
