Guadalupe Arqueros, brindó su testimonio en carácter de sobreviviente. Fue secuestrada a los 10 días de vida junto con su madre, y su padre continúa desaparecido: “Es una instancia muy reparadora porque uno siente que el Estado viene a explicarle a uno qué es lo que sucedió y le pide explicaciones”, expresó.
En el Tribunal Oral Federal de Corrientes se lleva adelante desde agosto el juicio “VII Brigada de Infantería”, que busca determinar las responsabilidades de diez ex militares y gendarmes por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia durante la última dictadura cívico-militar. Se juzgan delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios que tuvieron como víctimas a 104 personas.
“Se hicieron muchos juicios en la provincia de Corrientes, pero este tiene la característica de que también se ponen a consideración no sólo las víctimas directas, sino también a todas las víctimas secundarias y familiares cercanos; hijos, niñas, hermanos, padres ya fallecidos. Las consecuencias a mediano, corto y largo plazo de estos crímenes”, explicó Arqueros y señaló la oportunidad de prestar testimonio como una instancia reparadora.
Guadalupe nació el 30 de marzo de 1976, seis días después de que se efectivizó el golpe militar. El 10 de abril fue secuestrada junto a su madre Judith Casco, quién permaneció 5 años detenida. Su padre, Joaquín “Bocha” Arqueros, permanece desaparecido. El allanamiento sin orden judicial y posterior privación ilegítima de la libertad tuvo lugar en el domicilio familiar por parte de un grupo de tareas que vestían ropas de civil y se movilizaban en un auto sin identificación oficial.
“Estaba en la casa de mis abuelos, con mi mamá. Estaban presentes mi tío Walter, mi hermano Joaquín. Nos llevan secuestradas, porque no es estrictamente detenida porque si uno está detenido le explican por qué. Esto fue un secuestro, nos llevaron al Regimiento de Infantería 9”, explicó. Guadalupe permaneció en brazos de su madre durante el interrogatorio de los militares, de quienes recibió amenazas de que su hija de dos semanas de vida sería también torturada.
Posteriormente madre e hija fueron llevadas al Instituto Monseñor Pelletier donde permanecieron hasta el 20 de octubre: “Ahí nos separan, a mi mamá la llevan a la cárcel de Devoto y yo quedo al cuidado de mis abuelos maternos, mientras que mi hermano de 6 años queda con mis abuelos paternos”. El reencuentro familiar no se concretó hasta 1981.
Desde la descripción de olores y colores, hasta las secuelas médicas de la experiencia transitada de niña han sido de relevancia durante el testimonio que brindó Guadalupe. Durante los meses que permaneció secuestrada se le negó el acceso a la atención sanitaria, lo que derivó en una otitis mal curada y problemas pulmonares que fueron tratados a posterioridad, durante su adolescencia.
“Hay muchas cifras que se conocen sobre la dictadura y ahora salen a la luz otros horrores, historias más pequeñas pero que quebraron como un rayo a las familias. Hay que hacer algo con la elaboración de esos traumas a nivel individual, y mucho mejor a nivel social a través de la Justicia”, consideró en conversaciones con la 99.7.
“Mi tío tenía 14 años cuando sucedió este secuestro y él estaba presente. Tengo una tía que tenía dos años menos y que atravesó todo esto con un hermano desaparecido, criada por una mamá que estaba buscando a su hijo mayor. Entonces, esta es una instancia muy reparadora porque uno siente que el Estado viene a explicarle a uno qué es lo que sucedió y le pide explicaciones, para que lo que uno cuenta entre como prueba en un juicio”, dijo.
Sin embargo, Guadalupe reconoció que hay otras víctimas que no han llegado a tener esta oportunidad: “Hay mucha gente que no pudo hacerlo, pero ni siquiera porque esté fallecida o desaparecida. Hay integrantes de las familias que no quieren reabrir esto, que no pueden enfrentarlo, por lo doloroso de reelaborarlo y explicárselo a un tribunal, en una instancia pública”.
El juicio se desarrolla ante el tribunal conformado por los jueces Fermín Ceroleni -presidente del cuerpo-, Eduardo Ariel Belforte, de Formosa, y Juan Manuel Iglesias, de Chaco, mientras que actúa como cuarto juez el magistrado de Posadas, Misiones, Fabián Cardozo. La investigación reviste un carácter regional ya que la Brigada de Infantería VII tenía jurisdicción también en las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y los departamentos correntinos de Capital, San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina.
“Algo que caracteriza a los grupos de derechos humanos es que no somos revanchistas, ni violentos, ni vengativos. Hablamos de cárcel común, que las penas sean las que corresponden. Queremos justicia”, sostuvo Guadalupe y remarcó el valor de las inspecciones oculares que realiza la Justicia en el marco de la causa, como ser los ex centros clandestinos de detención, como el RI9, la cárcel de mujeres Instituto Pelletier y la Jefatura de Policía de la Provincia de Corrientes.
“Son lugares que recorremos todos los días, donde pasaron estas cosas y que tienen que ser también señalados como lugares de memoria; para acordarse de lo que pasó, para que no vuelva a pasar y para construir sobre los nuevos derechos humanos, la base de los ya conquistados”, remarcó.
“Esta es una instancia muy reparadora porque uno siente que el estado viene a explicarle a uno qué es lo que sucedió y le pide explicaciones, para que lo que uno cuenta entre como prueba en un juicio”.
El juicio ingresó ahora en una etapa de definiciones, con los alegatos de la fiscalía y de la querella, que iniciarán el lunes 2 de octubre para continuar el miércoles 4 con las respuestas de las defensas. Este es el décimo juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en la provincia y el de mayor cantidad de víctimas y de acusados.
Están imputados en esta causa el teniente coronel del Ejército Alfredo Farmache, el general de brigada Eduardo Antonio Cardoso, el capitán Juan Carlos Demarchi, el sargento ayudante de Gendarmería Pedro Armando Alarcón, el comandante principal de Gendarmería Abelardo Palma y su par Raúl Reynoso. También los coroneles del Ejército Abelardo De la Vega, Raúl Harsich y Horacio Losito.
En el transcurso de la investigación, murieron cinco acusados: José Oscar Guastavino, Roberto Romeo Bin, Aldo Solís Neffa, Jorge Levatti y Julio Maidana. Y durante la espera del juicio oral, fueron apartados por incapacidad sobreviniente cuatro ex miembros del Ejército Julio Barreiro y Cyris Dalmis Marcelo Feü, Eduardo Gómez y Juan Carlos Ibarrola.
