La Justicia de Entre Ríoscondenó a un jefe policial y al Estado provincial a pagar más de 1,2 millón de pesos a una ex agente a quien le habían ordenado que fuera a trabajar “en minifalda y colaless”.

El hecho fue en septiembre de 2007 cuando el comisario, superior en jerarquía a la víctima, le ordenó a través de una nota escrita y firmada que al día siguiente se presentara a trabajar “en minifalda y colaless, bien afeitada y perfumada” y que iba a “pasar revista del cumplimiento (de su orden)” antes de que tomara servicio.

Para los jueces de la Cámara en lo Contencioso Administrativo 1 de Paraná, Gisela Schumacher y Rodolfo Jáuregui, existió “violencia de género laboral y sexual”, y el imputado le causó a la agente “incapacidad sobreviniente, pérdida de chance, daño moral y daños patrimoniales”, ya que la mujer debió consumir "medicamentos y someterse a tratamiento psicológico".

En cambio, el tercer camarista, Hugo González Elias, consideró por su parte que no hubo violencia de género ya que la orden “fue impartida con igual sentido para ella y sus compañeros varones” y que “el componente psicológico preexistente disparó” la denuncia.

La Cámara revocó la sentencia de un Juzgado de Primera Instancia de la capital entrerriana y ordenó al comisario principal y al Estado provincial el pago de 1.293.518 pesos, más los honorarios de los abogados intervinientes.

Los dichos del acusado

En su denuncia, la mujer afirmó que su jefe le enviaba numerosos mensajes preguntándole si trabajaba y si quería que la pasara a buscar por su domicilio, y lo acusó en consecuencia por “acoso sexual y laboral sistemático”.

El comisario minimizó sus dichos ante sus superiores y contrarrestó: sostuvo que ella estaba “desde hace tiempo afectada psíquicamente”. “Es mentirosa, fantasiosa y vive en un mundo alejado de la realidad”, dijo en palabras textuales.

Sobre los presuntos mensajes que le mandaba a la víctima, el acusado aseguró que lo había hecho como “una broma de mal gusto entre compañeros de trabajo”, y la calificó de “artera y de mala fe”, ya que realizó la denuncia “recién tres meses después de ocurrido”.

Fuente: Diario Popular

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