En la tarde del viernes se presentó un programa que servirá para prevenir situaciones de violencia en comisarías y alcaidías de la provincia. Personal de Policía del Chaco y Servicio Penitenciario seguirán un protocolo para acompañar a personas privadas de su libertad que sufran padecimientos mentales o intoxicación por consumo de sustancias psicoactivas, para garantizar el acceso a la salud y su integridad con la asistencia del personal de salud.

Como resultado del trabajo llevado adelante por la Mesa Intersectorial en políticas de Salud Mental y Adicciones (conformada por Decreto N° 608/20) entre diferentes representantes del Poder Ejecutivo y Judicial de la Provincia del Chaco, y en acuerdo tanto con el Jefe de la Policía como con el Jefe del Servicio Penitenciario, se ha acordado la implementación de una serie de acciones conjuntas en la materia.

“Este protocolo le servirá al Servicio Penitenciario para saber abordar los problemas que se nos presentan en contexto de encierro”, explicó la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar. También destacó el trabajo conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia, a cargo de Silvana Pérez y con quien la cartera de Seguridad y Justicia trabaja de manera articulada múltiples líneas de acción en materia de acceso a derechos de las personas privadas de su libertad.

En las próximas semanas comenzará un ciclo teórico-práctico de capacitaciones dirigidas al personal policial, con la finalidad de profesionalizar la intervención de las fuerzas de seguridad y otorgar herramientas específicas a fin de reducir los riesgos y preservar la integridad de las personas con presunto padecimiento mental, los integrantes de los servicios de salud o sociales, las personas presentes y el personal policial.

“Desde nuestro Ministerio, nuestras subsecretarías, nuestra Policía y nuestro Servicio Penitenciario ponemos la mirada en el más vulnerable. Junto a otras áreas del Estado hemos podido elaborar proyectos con esa mirada. Las personas en contexto de encierro necesitan de un abordaje integral, tener que cumplir o pagar una deuda a través de perder un derecho como lo es el de la libertad, y la mirada hacia esas personas que son más vulnerables que solamente tenemos nosotros, desde el Estado”, reflexionó Gloria Zalazar.

También se implementará un protocolo específico de articulación entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud con el objeto de prevenir situaciones de violencia institucional asociadas a la intervención de las fuerzas de seguridad, con trato digno, humanitario y sin discriminación de los internos y las internas. Implementarán estrategias para la disminución del sufrimiento mental, y se adecuarán las intervenciones de policías y penitenciarios a la normativa internacional y a la Ley de Protección de la Salud Mental N° 26.657.

A su turno, la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, celebró el avance de políticas públicas que rompen con los conceptos instalados sobre las personas privadas de su libertad. “Me parece importante resaltar la necesidad de comprender el contexto de encierro genera tanto en quien debe cuidar como en quien se encuentra privado de su libertad situaciones adversas. Y es necesario entender el abordaje de la salud mental, la idea de reclusión y encierro implica una situación de violencia y de quita de derechos, con lo cual pensar entornos no violentos tiene que ver con cómo poder pensar estos conceptos, deconstruirlos y rearmarlos”, analizó.

Por su parte, la ministra de Salud, Paola Benítez, mencionó que “esta es una oportunidad para destacar el trabajo que vienen llevando adelante en políticas públicas y sanitarias que atienden a las necesidades de los más vulnerables”. En la misma línea, remarcó que “es importante que más allá de la situación que nos toca atravesar al mundo entero, podamos privilegiar un tiempo de asistencia para las necesidades importantes y no sólo para las urgentes”.

“En todo lo que tiene que ver con garantizar los derechos, es necesario trabajar de manera interdisciplinaria para poder llegar y garantizar el acceso al derecho a la salud, a la salud mental, como parte indispensable de la salud”, destacó también Benítez.

En la presentación participaron la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, la ministra de Salud Pública, Paola Benítez, la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, el jefe de Policía del Chaco, Ariel Acuña, la directora del Servicio Penitenciario, Gilda Erika Maidana, la subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos, Carolina Centeno, la subsecretaria de Justicia, Lourdes Polo Budzovsky, la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch, y la directora de Abordaje Integral en Derechos Humanos, Carolina Fule.

Con este hecho, la provincia del Chaco se ubica a la altura de las normas internacionales y legislaciones nacionales en materia de Derechos Humanos y Salud Mental, avanzando en el reconocimiento y ampliación de derechos a grupos más vulnerados y, en especial, al colectivo de personas con padecimiento mental.

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