El boleto urbano en el Gran Resistencia se mantiene en $1770 desde septiembre del año pasado, mientras que el costo real por kilómetro supera los $3000. Las empresas sostienen que el sistema “está en crisis” y alertan sobre la falta de audiencias públicas y definiciones del Gobierno.
El transporte público de pasajeros en el Gran Resistencia atraviesa uno de sus momentos más críticos de los últimos años. A pesar del incremento sostenido de los costos y de la caída en la demanda, la tarifa del boleto urbano se mantiene congelada en $1770 desde septiembre de 2024, de los cuales $1300 son abonados por el usuario y el resto es cubierto mediante subsidios provinciales.
En diálogo con la prensa, el presidente de la Cámara Empresaria del Transporte Automotor del Chaco (Cetach), Gustavo Larrea, advirtió que el sector enfrenta “una situación límite”, con empresas que debieron acogerse al Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) para poder sostener los salarios y evitar despidos.
“La situación sigue peor. Esta semana habrá novedades de audiencia con la empresa San Fernando Urbano, que se sumó al proceso preventivo de crisis, como ya lo habían hecho otras dos firmas. Prácticamente todo el sistema está en crisis”, afirmó Larrea.
Costos fuera de control y tarifa desactualizada
Según los estudios técnicos elaborados por las cámaras empresarias, el costo operativo por kilómetro supera actualmente los $3000, lo que ubica a la tarifa técnica por encima de esa cifra.
“Estamos analizando los últimos números y la tarifa técnica actual supera los 3000 pesos. Sin embargo, la tarifa vigente sigue siendo de 1770 desde septiembre del año pasado. Con esos valores es imposible mantener los colectivos en la calle”, puntualizó el dirigente.
Larrea explicó que el desfasaje entre los costos reales y la tarifa vigente se agrava por la falta de revisión del cuadro tarifario: “La reglamentación indica que deben hacerse al menos dos audiencias públicas por año para actualizar los valores, pero en todo 2025 no se convocó a ninguna”, señaló.
Según adelantó, el Gobierno provincial postergó la discusión tarifaria durante todo el año electoral, y todo indica que recién sobre fin de año se instrumentará un ajuste, que entraría en vigencia en 2026.
Un sistema con demanda en caída y competencia informal
A la crisis de ingresos se suma la caída en la cantidad de pasajeros, producto de la pérdida del poder adquisitivo y del auge de aplicaciones de transporte no reguladas. “Son servicios que todo el mundo conoce y utiliza, pero que no están legalizados ni controlados, lo que agrava la situación del sistema formal”, subrayó Larrea.
Las empresas también enfrentan dificultades para cubrir salarios e insumos, en un contexto en el que el proceso preventivo de crisis vence en noviembre, mes en el que además se espera un nuevo reclamo salarial de la UTA.
“Estamos tratando de acompañar a las empresas en estos procesos y buscando acercamientos con el Gobierno para garantizar, al menos, el pago de los salarios y de los insumos básicos del sistema”, explicó el titular de Cetach.
Falta de planificación y control urbano
El empresario cuestionó además la ausencia de políticas públicas para ordenar la movilidad urbana en el área metropolitana.
Con un año sin actualización de tarifas y un horizonte incierto para 2026, el sector advierte que la sostenibilidad del transporte público provincial está en riesgo, mientras la mayoría de las empresas continúa operando “al límite” y sin margen para afrontar nuevos aumentos de costos.
Con informacion de Diario Norte