Solicitaron una audiencia para pedir la pronta reglamentación de la ley de expropiación del sitio donde funcionaba el boliche «como el camino a seguir para poder preservar el inmueble», convertido en un sitio de memoria de la tragedia.
Sobrevivientes y familiares de la Masacre de Cromañón presentaron este lunes en la Casa de Gobierno un petitorio dirigido al presidente Alberto Fernández. Solicitaron una audiencia para pedir la pronta reglamentación de la ley de expropiación del sitio donde funcionaba el boliche «como el camino a seguir para poder preservar el inmueble», convertido en un sitio de memoria de la tragedia.
En el local, ubicado en el barrio porteño de Once, murieron 194 personas y más de 1.400 resultaron heridas el 30 de diciembre de 2004, en un incendio desatado durante un recital de la banda de rock Callejeros.
Petitorios similares fueron entregados también en el Congreso Nacional a los diputados y senadores firmantes del proyecto de ley, que fue sancionado el 27 de octubre de 2022 con el número 27.695, y que disponía la expropiación del local de Cromañón para la creación de un sitio de memoria, y ante el Ministerio de Justicia, en su carácter de nexo del Poder Ejecutivo con el Judicial.
La misma nota fue dirigida a las titulares de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, y del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y al ministro de Cultura, Tristán Bauer, en cuya órbita funciona la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.
Raúl Morales, padre de Sofía Victoria quien falleció en Cromañón, y de dos hijos sobrevivientes de la tragedia, manifestó -luego de la entrega del petitorio al ¨Presidente de la Nación- que «lo que queremos con este nuevo recordatorio es que no quede en la nada y en el olvido nuestra pretensión de tener un espacio de memoria».
«La ley con ese objetivo fue aprobada por el Congreso el año pasado, pero necesitamos la reglamentación, que todavía no sale y que, según nos dicen, está avanzada pero aún no la tenemos, y muchas veces a las promesas tenemos que impulsarlas», agregó.
Morales expresó que «sabemos que estamos en un momento complicado para la Argentina, porque que hay muchos legisladores y el gobierno dedicado a las próximas elecciones, pero realmente el país necesita que se sigan escuchando las necesidades del pueblo, y esto es una de las de los temas que quedaron pendientes».
Por su parte, Florencia Noriega, sobreviviente de la tragedia, señaló que la reglamentación es «sumamente importante para nosotros porque sabemos que aún hoy el dueño de Cromañón, condenado y también preso por la masacre, tiene uso del boliche, de las propiedades y no sabemos si sigue avanzando sobre la misma, si sigue borrando las huellas y sigue destruyendo toda la memoria que allí sigue».
«Este año se van a cumplir 19 años y necesitamos la pronta reglamentación de la ley para que el espacio sea un espacio de memoria y no esté en manos del empresario, Rafael Levy», sostuvo.
En el petitorio, los sobrevivientes y familiares expresan la «necesidad y la importancia que implicaba para toda la sociedad una pronta reglamentación de la ley 27.695», la cual «resulta condición necesaria para ejecutar el proceso expropiatorio y la toma de posesión de los inmuebles por parte del Estado Nacional para garantizar su conservación y la concreción de un Espacio Colectivo para la Memoria.
Tras enumerar las gestiones realizadas, recuerdan que han pasado 8 meses desde la sanción de la ley y 6 meses desde la presentación de la nota dirigida a Fernández «con el expreso pedido de encontrar su apoyo y acompañamiento para lograr una pronta reglamentación que permita efectivizar la expropiación dispuesta por ley».
También destacaron la «preocupación, miedos e incertidumbres» del colectivo, «en particular en este año atravesado por el calendario electoral», y abogan por «encontrar una pronta solución al problema por el que venimos atravesando al contar con una Ley sancionada por unanimidad con el consenso y acompañamiento de todas las fuerzas políticas nacionales».
Por último, advirtieron que hasta que no sea reglamentada, la ley «solo se traduce en una herramienta ineficaz e insuficiente para garantizar la creación de un Espacio Colectivo para la Memoria en los inmuebles donde funcionó República de Cromañón».
