Este martes, en conferencia de prensa, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de
del Chaco junto a sus ex presidentes e integrantes de la actual Comisión Directiva, para informar a la sociedad chaqueña que, tras largos años de reclamos judiciales por la recomposición salarial del sector, aún siguen sin una respuesta que resuelva el conflicto.
«Habiendo tenido que transitar todas las instancias existentes en nuestro país, llegando incluso a la CSJN, a pesar de llevar ya más de 16 años de planteos prudentes y ajustados a derecho, hoy nos encontramos frente a una situación de GRAVEDAD INSTITUCIONAL inusitada, ya que uno de los Poderes del Estado se niega sistemáticamente a cumplir con
una ley en vigencia», indicaron.
«Queremos dejar en claro que el Poder Judicial provincial y la CSJN han reconocido la violación a la intangibilidad ante la falta de actualización de los salarios del sector, frente a escenarios de constante inflación, y han exhortado a los demás poderes del estado al restablecimiento de la misma a través de la recomposición salarial correspondiente».
También explicaron que «el Poder Legislativo sancionó, en agosto del pasado año, la ley 3424- A, que dispone un esquema de actualización salarial, comenzando por equiparar
los salarios del Poder Judicial del Chaco, a un promedio de las provincias de Misiones, Corrientes y Formosa, lo que llamamos la “media regional”, para posteriormente llegar a la “media nacional”, que es un promedio de los salarios judiciales de todas las provincias, y que es el criterio de referencia que toma la CSJN, considerando que no todas las jurisdicciones están en similares condiciones económicas».
Por su parte, «el Poder Ejecutivo se comprometió a cumplir con la norma, primero dijeron que lo harían pasadas las elecciones legislativas y luego que durante el mes de enero se
trabajaría en el cálculo correspondiente para comenzar a abonar con el sueldo de febrero, pero hasta el día de hoy el STJ no tiene confirmación de ese compromiso, por lo que entendemos que se da una situación de gravedad institucional, que repercutirá nuevamente en las arcas provinciales, y que el pretendido diálogo entre poderes se encuentra afectado, al no haber respuestas por parte del Poder Ejecutivo, quien se encuentra en abierto incumplimiento de normas legales aprobadas por la legislatura en su conjunto y de sentencias judiciales del máximo tribunal argentino».
«Magistrados y Funcionarios hemos sido pacientes y prudentes en el reclamo, priorizando el diálogo y la negociación, sin obtener respuestas favorables, por lo que debemos hacer saber que, pese al largo recorrido de años de litigio, y de consecuentes costos para el pueblo chaqueño, estamos nuevamente en posición de tener que recurrir a la judicialización del conflicto, como forma de hacer respetar nuestros derechos constitucionales vulnerados».
Finalmente manifestaron que «no pensamos que deberíamos soportar este destrato, luego de tantos años de litigio y además, luego de dos años de pandemia en que hemos puesto todo nuestro esfuerzo para atender el servicio de justicia en la forma más eficiente posible. Comenzaremos el 2022 con nuevos juicios, que nuevamente encarecerán el proceso perjudicando las arcas provinciales».
