Una presentación judicial apunta a un entramado de relaciones comerciales entre la consultora +BE, firmas proveedoras del Estado y áreas bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó nuevamente en el centro de la escena judicial, esta vez por una denuncia que apunta directamente a su entorno familiar y que abre interrogantes sobre posibles conflictos de interés dentro del Gobierno. La presentación, realizada por la diputada Marcela Pagano, pone el foco en la actividad de la consultora +BE, propiedad de su esposa Bettina Julieta Angeletti, y en sus vínculos con empresas que mantienen relaciones comerciales con el Estado.
Radicada en el Juzgado Federal N°11 a cargo de Ariel Lijo, la denuncia describe un presunto «circuito triangular de flujos económicos» que involucraría a una petrolera estatal, la naviera National Shipping SA y la firma de Angeletti. Según el planteo, la empresa marítima -proveedora histórica del sector energético- habría contratado servicios de capacitación de la consultora en tres oportunidades, por un total de 6.370.000 pesos.
El punto crítico no es sólo el vínculo comercial, sino su contexto: National Shipping mantiene desde hace décadas contratos con la petrolera estatal, cuyo directorio integra actualmente Adorni como representante del Estado. Para Pagano, ese esquema podría implicar un mecanismo indirecto de retorno de fondos hacia el entorno del funcionario. En términos más crudos, la denuncia sugiere que parte del dinero que circula desde el Estado hacia proveedores podría reingresar bajo la forma de servicios privados.
Desde la empresa naviera intentaron relativizar la acusación al señalar que sus contratos con la petrolera datan de hace 28 años y que las capacitaciones de +BE se realizaron antes de que Adorni asumiera como director. Sin embargo, el dato que tensiona la defensa es que, al momento de esos contratos, el actual jefe de Gabinete ya ocupaba cargos relevantes dentro del Gobierno, lo que mantiene abierta la sospecha sobre la superposición de intereses.
Pero el expediente no se limita a ese vínculo. La denuncia avanza sobre otras áreas sensibles de la gestión y describe un posible entramado más amplio de relaciones entre empresas privadas y estructuras estatales. Uno de los capítulos más delicados involucra la millonaria concesión del predio de Tecnópolis, un contrato estimado en 183.000 millones de pesos por 25 años que depende de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), bajo la órbita directa de la Jefatura de Gabinete.
Entre las empresas preseleccionadas aparece DirecTV Argentina, asociada al Grupo Foggia, cuyo titular, Marcelo Dionisio, tendría vínculos comerciales con la consultora de Angeletti. A esto se suma un dato político clave: la pareja de Dionisio, Mara Natalia Gorini, se desempeña como asesora en la Secretaría General de la Presidencia, área que responde a Karina Milei, y mantendría lazos formales con el mismo grupo empresario.
El cruce de relaciones personales, empresariales y estatales configura un escenario que, al menos, exige explicaciones. La denuncia también incluye al Grupo Datco como cliente de la consultora +BE. Se trata de una empresa tecnológica que presta servicios a múltiples organismos públicos, entre ellos ARCA, AySA, Banco Central, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Trenes Argentinos. La reiteración de vínculos con proveedores del Estado refuerza la hipótesis de una red de negocios que se superpone con la estructura gubernamental.