Sostener que el actual gobierno argentino responde a los intereses nacionales es una ficción insostenible. Desde su asunción, ha operado (Javier Milei) como un mandatario al servicio de agendas geopolíticas foráneas, particularmente las de Israel y Estados Unidos. Esta sumisión, enmascarada bajo la etiqueta ideológica de «derecha» o «ultraderecha», trasciende lo político para adentrarse en lo éticamente abominable.
No estamos ante simples adversarios ideológicos. Los actos promovidos y avalados por este eje de poder configuran un catálogo de crímenes contra la humanidad: son cómplices de un genocidio, encubridores de una pederastia sistémica, y arquitectos de una degeneración moral que instrumentaliza la violencia. Son, en esencia, asesinos y criminales de guerra cuyos actos merecen, en el marco del derecho internacional, la reclusión perpetua y, en las jurisdicciones más severas, la pena capital.
Frente a esta realidad, calificarlos simplemente como «políticos antidemocráticos» —término que sí se aplica con ligereza contra líderes legítimos como Petro, Lula o Sheinbaum— resulta una burda minimización. Es un eufemismo que blanquea su barbarie.
El horror es tan profundo que ha transcendido el discurso político. La reconocida antropóloga argentina Rita Segato ha dado voz a este desgarro existencial, declarando que prefiere ser llamada «ex-humana» antes que identificarse con una especie capaz de semejante crueldad organizada. Su reflexión no es una hipérbole, sino un diagnóstico lúcido de nuestra decadencia.
El proyecto final de esta coalición es claro: moldear un mundo donde la mayoría sea sierva laboral, sometida a un orden dictatorial corporativo. Un neo feudalismo donde los nuevos señores —los herederos de Trump, la vieja nobleza británica y la oligarquía financiera transnacional— dictan las reglas de una existencia precarizada. Están forjando, conscientemente, una distopía de jerarquía incuestionable y despojo generalizado.
Este mecanismo de normalización tiene un nombre en la ciencia política: la Ventana de Overton. Este concepto describe el proceso por el cual una idea considerada radical o moralmente inaceptable en un momento dado —como, por poner un ejemplo teórico extremo, la canibalización— puede, mediante una exposición gradual y estratégica, desplazarse desde los márgenes del tabú hasta el centro del debate público aceptable. Lo que antes provocaba repulsión absoluta («aberrante, asqueroso, cruel») se transforma, paso a paso, en una proposición discursivamente posible.
Hoy, sin embargo, asistimos a algo más siniestro que un mero ejercicio académico: la teoría ha irrumpido en la realidad con una crudeza devastadora. Las élites del poder no se limitan a «desplazar la ventana» de lo pensable; se han hartado, empachado de transgredir límites que antes parecían sagrados. La normalización ya no es un experimento retórico, sino un modus operandi para digerir atrocidades a gran escala.
Para comprender este fenómeno en su dimensión nacional, es imperativo analizar sus fundamentos. La presidencia de Javier Milei se ha caracterizado por una alineación geopolítica tan estrecha con Israel que ha generado un debate sobre la primacía de los intereses nacionales. Este vínculo, simbólicamente representado en su ostensible uso de la bandera israelí, trasciende la política exterior y sugiere una lealtad ideológica que muchos ciudadanos perciben como ajena a la soberanía argentina.
Este posicionamiento se consolida bajo un clima de aparente impunidad internacional, alimentado por el apoyo de sectores del poder global como el entorno del presidente Donald Trump y el genocida Netanyahu.
La retaguardia del presidente argentino que permite que figuras clave: Caputo ministro de Finanzas; Sturzenegger ministro de transformación del estado, Manuel Adorni jefe de gabinete y su círculo íntimo —incluida su hermana y secretaria general, Karina Milei— operen pese a estar bajo escrutinio por presuntas irregularidades administrativas, sin que se observen consecuencias jurídicas tangibles.
No obstante, el pilar más determinante para la aceptación de este proyecto es la hegemonía mediática. Los grandes conglomerados de comunicación, alineados con este eje de poder, construyen y difunden una narrativa que distorsiona la disputa por la verdad. En esta batalla desigual, las clases populares y trabajadoras —carentes de plataformas equivalentes— sufren una derrota constante: sus realidades son silenciadas, sus críticas, deslegitimadas, y su capacidad de resistencia, minada por un relato omnipresente que naturaliza lo inexorable.
En la provincia del Chaco, la hegemonía política de los llamados «Zorros» no es una simple ventaja electoral: es una realidad totalizante, tan latente como el aire que se respira. Esta maquinaria ha logrado algo perverso: anular la capacidad de respuesta de una oposición que, más que derrotada en las urnas, se encuentra avasallada en la virtualidad. El campo de batalla ya no es la plaza pública, sino el flujo constante de contenidos digitales y televisivos donde la oposición carece de código, recursos y relato.
El resultado es una tragedia democrática: el ciudadano termina operando en contra de sus propios intereses. Privado de un espacio de deliberación auténtica, su voluntad política es secuestrada en el último minuto. Su voto no es la culminación de un proceso reflexivo, sino una reacción programada por el bombardeo mediático de las horas y días previos a cada elección. Esta ingeniería de la conciencia se ejecuta desde pantallas donde pululan figuras como el «Julito» de la gente, el poliperiodista versátil, el analista Rabiolo o el conductor Recibo (quien, en un acto de cinema verité, llegó a quejarse de lo «poco» que cobraba por su servicio). Ellos no son simples comentaristas; son la extensión provincial, el altavoz local, de un poder mundial que traduce sus consignas al contexto chaqueño.
En este escenario, la Democracia deja de existir, tanto de hecho como de derecho. Se reduce a un ritual vacío, un teatro donde se simula la elección mientras se consolida un régimen de dominación. El futuro que se vislumbra es aún más sombrío: la eliminación progresiva de las instituciones gubernamentales. ¿Reemplazadas por qué? Quizás por una administración tecnocrática al servicio del capital, por un gobierno directo de las corporaciones, o por un híbrido autoritario donde la fachada electoral oculte un núcleo de poder irresponsable. El destino final es incierto, pero la dirección es clara: el desmontaje sistemático de todo lo que pueda filtrar, contener o representar la voluntad popular.
Lo que ocurre en el Chaco no es una anomalía, sino el laboratorio avanzado de un modelo: la democracia como espectáculo, la ciudadanía como audiencia, y el poder mediático como el verdadero soberano.
Lic. Alejandro Zabaleta.