redacción Diego Maidana
La decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada recientemente por el Congreso Nacional, generó una ola de repudio, angustia e incredulidad en miles de familias, organizaciones y profesionales que trabajan día a día con personas con discapacidad en todo el país.
La norma, impulsada con amplio consenso legislativo, reconocía la crítica situación que atraviesa el sector, agravada por la inflación, la falta de cobertura prestacional, los recortes presupuestarios y los pagos demorados a transportistas, terapeutas y centros de atención. Su objetivo era garantizar el acceso urgente a servicios de salud, educación, rehabilitación y traslados para personas con discapacidad, muchas de las cuales hoy se ven excluidas del sistema.
Sin embargo, el Ejecutivo decidió darle la espalda a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, con un veto total que fue calificado por familiares y especialistas como una medida cruel, insensible e inhumana.
“Esto no es una cuestión política, es una cuestión de derechos humanos”, expresó una madre que depende de la asistencia estatal para garantizar el tratamiento de su hijo con parálisis cerebral. “El veto es un golpe directo a nuestros hijos, a nuestras familias. ¿Qué esperan, que dejemos de luchar?”.
Desde asociaciones de discapacidad, colegios profesionales y organismos de derechos humanos, la reacción fue unánime: el veto es una muestra de desprecio por la vida digna de miles de argentinos y argentinas que enfrentan obstáculos cotidianos en un sistema que ya viene colapsado.
La ley no implicaba un gasto nuevo, sino la reorganización de recursos existentes y una respuesta integral, rápida y efectiva para una población históricamente postergada. Su rechazo, sin embargo, parece responder a una lógica de ajuste ciego, donde los números priman por sobre las personas.
Mientras tanto, las consecuencias ya se sienten: terapias suspendidas, centros que cierran, familias endeudadas para sostener tratamientos, y personas que pierden calidad de vida por falta de apoyo del Estado.
La discapacidad no espera. Tampoco debería esperar la respuesta de un gobierno que, al vetar esta ley, decidió mirar para otro lado.