El sindicato de Actores y Actrices de Argentina (AAA) emitió un fuerte comunicado contra Cris Morena y su nueva serie «Margarita» en el que denuncia una alarmante práctica empresarial en la industria audiovisual: productores que llevan a cabo grabaciones en el extranjero para eludir las leyes laborales y previsionales de Argentina, afectando gravemente a los trabajadores del sector.
En particular, se denuncia que las productoras priorizan maximizar ganancias, dejando de lado la protección de los derechos de actores, actrices y técnicos, generando un impacto negativo en el sistema de seguridad social y la obra social que los protege.
El texto señala que ciertos empresarios, movidos por el interés en incrementar sus márgenes de ganancia, optan por realizar grabaciones fuera del país, aprovechando marcos legales laborales menos estrictos. Estas producciones, si bien involucran talento argentino, no generan el correspondiente aporte previsional en Argentina, lo que repercute en el sostenimiento de la salud, jubilación y protección laboral de los artistas.
Margarita se está grabando en Uruguay, donde las leyes laborales son más flexibles, y al regresar como un producto terminado, evade las responsabilidades fiscales y laborales en Argentina. Aunque el contenido de las producciones es completamente argentino, la maniobra permite que los aportes previsionales y de salud correspondientes a los trabajadores involucrados queden sin registrarse en el país, generando un grave perjuicio económico al sistema solidario de salud, representado por la Obra Social de Actores (OSA).
También resaltan que esta práctica se realiza con la complicidad de las cámaras empresariales que agrupan a los empleadores del sector de ficción en Argentina, como la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) y la Cámara Argentina de Productores Independientes de Televisión (CAPIT).
El sindicato advierte que estas maniobras ponen en riesgo la estabilidad del sector artístico, ya que deterioran la relación histórica entre los trabajadores y los productores. Las consecuencias no sólo afectan a los actores y actrices, sino también al sistema cultural argentino, que pierde la capacidad de fomentar y proteger su propia producción.
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