El eje centrar del documento firmado por el Ministerio de Hábitat y el de Justicia es evitar el desalojos de las familias que no pudieron hacer frente al ajuste de los alquileres.
Por el Decreto de Necesidad y Urgencia 66/2021 el Gobierno había congelado los montos de alquileres, prorrogó la vigencia de los contratos y prohibió desalojos por falta de pago hasta el 31 de marzo, plazo que hasta el momento no fue prorrogado.
Asociaciones de inquilinos reclaman una nueva prórroga hasta que se termine la pandemia y un programa de desendeudamiento y cumplimiento efectivo de la Ley de Alquileres.
El convenio fue firmado por los secretarios de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, y de Justicia, Juan Martín Mena, «con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas y coordinadas», según informa el comunicado.
Según el convenio «es clave para atender a los hogares inquilinos que enfrentan dificultades para cumplir con los compromisos de los contratos de locación como consecuencia de las dificultades económicas para atravesar el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio».
La declaración oficial agrega que la Secretaría de Justicia «implementa procesos de mediación obligatoria y gratuita en distintas instancias que constituyen una política central para buscar acuerdos que impidan los desalojos y dar soluciones a quienes alquilan su vivienda, fortaleciendo la implementación del Protocolo».