«El órgano de revisión tiene como objetivo proteger y garantizar los derechos de las personas con problemas de salud mental y el rechazo al proyecto tiene que ver con que consideramos que el uso de estos dispositivos puede generar efectos negativos en la salud mental y física y en ese sentido apelamos a que todas las intervenciones que se hagan en relación a personas con problemas de salud mental y de consumos deben ser sanitarias y no de seguridad», explicó.
«El señor Rodrigo Zalazar tuvo otra posición y la respetamos, pero el dictamen en rechazo del proyecto fue por mayoría absoluta, fundado en los puntos antes mencionados», aclaró.
Respecto a las declaraciones de Zalazar donde indicó que la opinión de sus pares tenía que ver con cuestiones ideológicas, señaló: «No sé a qué se refiere porque hay un basamento científico, informes de organismos internacionales y experiencias de otros países que determinaron que el uso en estos grupos e incluso en embarazadas y adultos mayores, puede generar un daño en la salud, no es una cuestión ideológica».
«Hay protocolos de actuación vigentes a nivel nacional y provincial que establecen metodologías en estos casos, pero siempre son intervenciones sanitarias, es decir, la policía debe acompañar y auxiliar al personal de salud. Existen prácticas de otro tipo que no apelan al uso de la fuerza», enfatizó.
«Nunca vamos a estar a favor de utilizar armas de ningún tipo para reducir o controlar una situación de crisis que pueda estar atravesando una persona», aseveró.
«Se necesitan recursos como ambulancias, personal de salud y policial capacitado. Esto requiere de otra mirada y la primera intervención siempre tiene que ser sanitaria»
Sobre la Legislatura dijo: «Nos solicitaron un dictamen de la Comisión de DD.HH, pero no recibimos ninguna llamada o invitación para poder explicar con mayor amplitud la postura».
*RadioLibertad
