El sobreviviente del excentro clandestino de detención del Regimiento de Infantería 9, calificó a la decisión del Tribunal Oral Federal de Corrientes como “una reivindicación fundamental, sobre todo para los que no están”.
Siete represores fueron condenados ayer en Corrientes a penas de entre cuatro y 25 años de prisión por haber formado parte del plan sistemático de represión ilegal durante la última dictadura cívico militar.
Se trata del capitán del Ejército Juan Carlos De Marchi y el coronel Horacio Losito condenados a 25 años de prisión; el general de brigada del Ejército Eduardo Antonio Cardoso, 15; el comandante principal de Gendarmería Raúl Reynoso, 18; el coronel del Ejército Abelardo De la Vega, 12; el coronel Raúl Harsich, 8 y el sargento ayudante de Gendarmería Pedro Armando Alarcón, cuatro.
El Tribunal Oral Federal consideró probados sus delitos y condenó el secuestro de una bebé de once días, y torturas a personas detenidas ilegalmente, en uno de los mayores juicios por crímenes de lesa humanidad desarrollados en la región.
“En este contexto actual, significa que la memoria es presente”, expresó Víctor Hugo Benítez, sobreviviente del excentro clandestino de detención del Regimiento de Infantería 9, hoy espacio de memoria.
Benítez señaló que la condena representa “una reivindicación fundamental, sobre todo para los que no están, porque golpea fuertemente a la impunidad. Desde que se instaló la dictadura, trabajaron en la impunidad. Y hasta el día de hoy, todavía no sabemos dónde se encuentran los desaparecidos. Por lo tanto, yo creo que es una gran victoria en favor de los que no están y en favor de golpear la impunidad”.
El juicio fue el décimo por delitos de lesa humanidad que se realiza en Corrientes y se destaca por ser el de mayor cantidad de víctimas y acusados. Puntualmente, en la causa se investigó la existencia de una asociación ilícita acusada de cometer privaciones ilegítimas de la libertad, torturas e incluso un homicidio, durante la última dictadura.
Los represores condenados ayer pertenecían a la VII Brigada de infantería, con sede en la ciudad de Corrientes. Desde allí se dirigió el terrorismo de Estado en cuatro provincias del noreste argentino: Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.
Un total de 104 víctimas fueron registradas en los hechos que integraron la investigación, que toma como base el circuito represivo de la dictadura en la ciudad de Corrientes, a partir de una serie de centros clandestinos de detención y exterminio de personas, como la actual Jefatura de la Policía de Corrientes y el emblemático ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, hoy Espacio de Memoria.
Vigay: “Es un juicio emblemático porque reconstruye la planificación sistemática del terrorismo de Estado”
El Fiscal Federal de Corrientes con participación en la causa, Diego Vigay, calificó al juicio como “emblemático”, debido a que “reconstruye la planificación sistemática del terrorismo de Estado y de crímenes de lesa humanidad llevada adelante por la VII Brigada de Infantería y el Área de Inteligencia 231 del Ejército Argentino en la ciudad de Corrientes contra perseguidos por razones políticas centralmente entre 1975 y 1977”.
En ese marco, explicó Vigay, se reconstruyeron los operativos de secuestros que se realizaban en horas de la madrugada al mando de un grupo de tareas integrado por oficiales de inteligencia del ejército o de gendarmería de civil acompañados por personal uniformado de la Policía de Corrientes o del mismo ejército.
“Así también todo el funcionamiento a cargo del mismo grupo de tareas del Centro Clandestino del Regimiento 9 y del predio de Ejército de Santa Catalina en conjunto con la Brigada de Investigaciones y la Jefatura de Policía de Corrientes, todos lugares donde metódicamente se torturaba”, señaló a este medio. Y finalmente, se demostró que hubo lugares de detención donde también estuvieron alojados ilegalmente e incomunicados perseguidos políticos “como el Instituto de Mujeres Pelletier, el Escuadrón de Gendarmería o la Policía Federal”.
“La condena consolida el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”
Marisa Sanauria, integrante de la Comisión Provincial de Derechos Humanos, en diálogo destacó que la causa develó “la organización y la planificación del plan represivo en toda la zona del Nordeste, no solo en Corrientes”.
“Lo cierto es que la Séptima Brigada tenía ámbito de aplicación sobre las cuatro provincias del Nordeste: Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes. Este juicio puso sobre la mesa la planificación preexistente de un plan de represión que tenía como víctimas a la organización de las Ligas Agrarias, del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo y su vinculación tanto con los movimientos agrarios de aquel momento, además de estudiantes y organizaciones políticas de la época”.
Sanauria celebró el fallo y “la participación popular que lo acompañó”. “Celebramos que en medio de una etapa de tanto negacionismo, otro tribunal siga manteniendo el criterio de que fueron delitos de lesa humanidad, que fue un plan sistemático y que los hechos ocurrieron del modo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo. La condena consolida este proceso de memoria, verdad y justicia y nos lleva a todos a mantener viva la memoria”.
